Diversas opiniones ha causado la modificación de la ley clave para la industria del salmón, especialmente en la limitación de los aspectos laborales contemplados en ella, sin embargo se reconoce la posibilidad de nueva generación de empleos para la provincia. Prensa OLACH, 16 de marzo de 2010.

El pasado miércoles 10 de marzo; después de un largo camino, finalmente se aprobó la Ley General de Pesca y Acuicultura. Ley debatida durante todo el 2009 y que apunta a reactivar la industria salmonera y evitar crisis como las vivida a raíz de la aparición del virus ISA, situándola nuevamente en los estándares de productividad de sus mejores años.

De esta forma, con 23 votos a favor, 6 en contra y una abstención el Senado ratificó el informe elaborado por la Comisión Mixta, el que incluye constitución de hipotecas, pago de patentes, multas y caducidad. Incluyendo en las causales de caducidad las prácticas antisindicales, uno de los puntos más controversiales de la ley.

Según Alejandro Salinas, director del OLACH, “este ha sido un largo proceso, ya culminando, con algo de dulce y otro de agrás”, dijo señalando la importancia de lo que plantearon los sindicatos y la comunidad de los territorios donde está asentada la industria y lo necesario que era normar y regular sobre aspectos ambientales y sanitarios, “también tratamos que introdujeran algunas normativas referidas a los aspectos laborales y sociales en esta modificación”.

Como la parte positiva del proceso, consideró, la regulación de aspectos básicos de la industria, dejando de lado la libre voluntad que existía de parte de los empresarios para hacer y deshacer en el territorio, “con esta nueva ley por lo menos van a tener una cierta cantidad de medidas y restricciones, orientaciones respecto a los ciclos productivos”, también expresó la esperanza de que estás regulaciones permitan generar la confianza para que se pueda invertir y reactivar la industria “que es tan importante para los empleos en el territorio y para la generación de valor”.

Derechos laborales

Respecto a los derechos laborales, Salinas señaló que el avance fue bastante limitado, sin embargo destacó la indicación que incluye un reglamento específico para la actividad laboral dentro de la industria, “esto va a permitir regular una serie de procedimientos que corresponden en particular a esta industria y que no están regulados en el Código del Trabajo, haciendo posible que el Ministerio del Trabajo con participación de los sindicatos, puedan determinar cuáles son los aspectos que se requieren regular”, dijo aludiendo a los horarios de trabajo, los desplazamientos de los trabajadores entre barrios acuícolas , condiciones de seguridad y una serie de medidas que no existían con anterioridad, “son las materias que hasta el momento han generado más escozor dentro del desarrollo de esta actividad y han generado condiciones a veces bastante dramáticas y que afectan a los trabajadores”

Por otra parte, se refirió a las causales de caducidad de concesiones por prácticas antisindicales, que en un principio proponía sanciones ejemplares para aquellos malos empresarios que cometieran estas prácticas, sin embargo se introdujeron una serie de indicaciones, “ esta indicación se alejó radicalmente del espíritu de lo que señalaban los trabajadores, y se torna inaplicable desde el punto de vista que las condiciones para que se pueda aplicar son muy difíciles de lograr; entendamos que una empresa grande llegaba a tener más de 60 centros de cultivos y se requerirá que la infracción se origine en un mismo centro por tres veces en ciclos productivos consecutivos” precisó.

CONATRASAL

Por otra parte, Javier Ugarte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (CONATRASAL), señaló que “esta ley no se ajusta precisamente a los intereses y expectativas que nosotros teníamos como trabajadores; pero de alguna manera hay aspectos que nos deja conformes”. En este sentido, señaló que esta regulación permitirá, “de una u otra manera regular la industria del salmón en materia sanitaria, de aquí en adelante y, por supuesto esperamos y estaremos atentos, ayude a mejorar en el tema laboral y el trato hacia los trabajadores, que no es un tema menor”.

El dirigente además expresó su deseo de que la industria pueda reactivarse y vuelva a generar empleos, “ojala que vuelvan a contratar a la gente que se despidió, porque la situación es dramática”, también destacó la importancia del respeto hacia los trabajadores, “esperamos que no se vuelvan a cometer aquellas mismas atrocidades de prácticas antisindicales, de desafuero a las mujeres embarazadas, que no vuelvan a abusar de los derechos laborales de los trabajadores y que se respete el movimiento y libertad sindical, para que los trabajadores tengan un trato mucho mejor, una trato que sea de un verdadero empleador”. Señaló

Por otra parte, Ugarte hizo un llamado a que la industria se comprometa con su Responsabilidad Social Empresarial (RSE), “como CONATRASAL, queremos que la industria se comprometa con la gente y que también se comprometa mucho más con las comunidades que tiene en su entorno, que respondan con la responsabilidad social de la empresa”, finalizó.

CUT

Nicolás Nilo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la provincia de Chiloé, también se refirió al tema, señalando que como entidad creen que LGPA servirá para incrementar el trabajo y comenzar a bajar la tasa de cesantía. Sin embargo, dijo que desde un punto de vista global y ambiental, “no creo que con esta ley vayamos a empezar a cuidar el medio ambiente, yo creo que se va hacer de la misma forma que antes, es muy difícil, porque el gobierno no tiene los instrumentos necesarios para empezar a fiscalizar, eso no existe, está todo en cero”.

Además, Nilo se refirió a la situación de los pescadores artesanales con este nuevo marco regulatorio, “desde el punto de vista de los pescadores artesanales fue un retroceso tremendo que se les hizo con la ley de pesca, porque creo que se hizo a la medida de los empresarios salmoneros”, precisó.

Por otra parte, el dirigente se refirió a la indicación de caducidad de concesiones por prácticas antisindicales, sobre lo cual señaló que es muy difícil que esto se aplique, ya que para sancionar tienen que ser tres prácticas antisindicales consecutivas y en el mismo centro, “no creo que se vaya a evitar llegar a estas prácticas, se evitará que caduquen una concesión que es distinto”, dijo aludiendo a que es poco probable que las empresas en su totalidad cambien esta conducta.

El proyecto

La LGPA en sus aspectos centrales establece que los plazos de concesión acuícola durarán 25 años, los cuales pueden ser renovados por un periodo igual, abriendo la capacidad de crédito de la industria. A no ser que la empresa presente la mitad de sus informes ambiéntales negativos o se verifiquen las causales de caducidad.

Junto a esto, el límite de concesiones para cualquier persona o empresa no puede representar más del 20% del total de la superficie concesible de una región.
Además, la iniciativa establece que en el caso de cultivo de peces, los titulares de concesiones serán sancionados por sembrar ejemplares en el centro de cultivo sin contar con la información ambiental.
Por otra parte, no se renovarán concesiones a su titular en el caso que éste acumule tres sanciones por prácticas desleales o antisindicales en un mismo centro de cultivo y en tres ciclos productivos continuos.